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El gobierno cubano prorrogará hasta el próximo 31 de marzo la importación sin carácter comercial, libre de aranceles, de alimentos, medicamentos y artículos de aseo, sin límites en su valor.
El Ministerio de Finanzas y Precios (MPF), en su resolución 280 de 2023, extendió esta medida que se aplica a los productos que entran al país por la vía de pasajeros como equipaje acompañado.
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El organismo también emitió la resolución 281, que extiende hasta la misma fecha el permiso para importar plantas eléctricas de una potencia superior a los 900 vatios, aunque su valor supere el establecido para la vía de los envíos aéreos, marítimos, postales y de mensajería.
La norma señala que la decisión toma en cuenta los beneficios que reporta para el sector residencial la adquisición de plantas eléctricas mediante envíos, ante las "contingencias" en el sistema energético.
La semana pasada, durante la sesión de la Asamblea Nacional, el primer ministro Manuel Marrero anunció la extensión del período de exención arancelaria, que vencía justamente este domingo 31 de diciembre.
Marrero dijo entonces que la decisión de mantenerla en vigor se adoptó a pesar de que esta exención no ha dado el resultado previsto, pues se aplicó con el fin de resolver problemas de las personas, pero a la larga, se ha convertido en una vía "para importar productos que son revendidos a precios especulativos".
El dirigente señaló que trabajarán para buscar las vías y financiamientos para garantizar una oferta estable en las tiendas en divisas, "de manera que quien quiera comprar no deba salir al exterior a importar algo que pueda adquirir aquí".
Expresó que es necesario, "en primer lugar, garantizar una oferta estable en las tiendas en divisas, si se quiere lograr mantener e incrementar posteriormente las propuestas de la red de tiendas nacionales".
También recalcó que la visión del gobierno "no es para nada dolarizar la economía", pero que "tenemos que pasar por dolarizaciones parciales que nos permitan recaudar o incrementar un grupo de divisas para poderlas poner en beneficio del desarrollo económico y social del país".
Esta medida se tomó por primera vez tras las protestas del 11 de julio de 2021, como una forma de suplir el déficit general de productos que ya existía en el país.
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