Uno de los ecos de la reunión del Consejo de Ministros cubierta por la prensa oficialista y transmitida por pedazos en el Noticiero del Mediodía del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, fue el análisis del comportamiento de la economía cubana el pasado año 2023 y la revelación de serios incumplimientos productivos.
Según el diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista, el nuevo ministro de Economía y Planificación (MEP) Joaquín Alonso Vázquez, quien sustituyera a Alejandro Gil al frente de la cartera, reveló que “se incumplió con lo pactado en el balance de la producción nacional de alimentos en renglones como el huevo, la leche, la carne bovina y el cerdo”.
Más adelante, consideró que “Nos corresponde a todos, con los recursos que tenemos, buscar las mejores soluciones para impactar positivamente en los resultados del mes de marzo”. El tema lo zanjó el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, diciendo que cuando se planificó la economía del 2024 se hizo “conociendo que el escenario era muy complejo, conociendo que existiría el mismo bloqueo recrudecido”.
Y como colofón, insistió en la necesidad de un “análisis con rigor sobre cómo van los cumplimientos de los diferentes planes”, a lo que se debe sumar el “chequeo mensual de la marcha de la ejecución de los presupuestos en todas las entidades, para ir corrigiendo cualquier desviación”.
Siguiendo esa doctrina, el Consejo de Ministros aprobó tres nuevas políticas. La primera, vinculada al Comercio Interior, tiene como objetivo principal el “ordenamiento y la modernización de este tipo de comercio en todo el territorio nacional y en el que se integran, como factor clave, la innovación y el desarrollo con la producción de bienes y servicios, según ahondó la ministra del ramo, Betsy Díaz Velázquez.
También fue aprobada la política y el proyecto de Decreto Ley sobre Arbitraje y Mediación Comercial Internacional, destacado por el viceministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Carlos Luis Jorge Méndez como una eficaz herramienta para la “incorporación de reglas universalmente admitidas para el arbitraje” lo que garantizaría una mayor presencia de la Corte cubana en la solución de litigios de negocios en el país.
La tercera es la política y Proyecto de Ley “De la transparencia y acceso a la información pública”; propuesta de norma jurídica que estará integrada al Sistema Nacional de Gestión Documental y Archivo, permitiendo ordenar lo refrendado sobre estos temas en el cuerpo constitucional, facilitando, sobre todo, el vínculo Gobierno-ciudadanía.
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