Un reciente Informe del Departamento de Estado estadounidense confirmó que Cuba continuará en el máximo nivel de alerta (Nivel 3) por su falta de cumplimiento con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas.
Este nivel indica que el gobierno cubano no solo no está realizando esfuerzos significativos para abordar esta problemática, sino que también persiste en prácticas gubernamentales que facilitan y se benefician del trabajo forzoso.
A pesar de que el gobierno cubano aprobó el Plan de Acción Nacional (PAN) 2023-2026 para combatir la trata, las medidas resultan insuficientes frente a las acusaciones de que se beneficia del trabajo forzoso, particularmente a través del programa de exportación de mano de obra, que incluye las controvertidas misiones médicas en el extranjero.
Prácticas de explotación laboral
El informe revela que el gobierno cubano sigue desplegando trabajadores en el extranjero bajo condiciones coercitivas y engañosas.
A menudo, estos trabajadores, muchos de ellos profesionales de la salud, tienen sus pasaportes y credenciales profesionales confiscados, son sometidos a estrictos toques de queda y vigilancia, y reciben salarios muy por debajo de lo prometido.
El gobierno retiene una parte significativa de sus salarios y no les informa adecuadamente sobre los términos de sus contratos, los cuales varían de un país a otro.
Además, las autoridades amenazan y castigan a los trabajadores y sus familias si intentan abandonar el programa. Estas prácticas han sido ampliamente documentadas por víctimas, ONG, organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros, quienes acusan a funcionarios cubanos de facilitar graves abusos contra los derechos humanos y de trabajo forzoso.
Uno de los aspectos más preocupantes es que el gobierno cubano continúa enviando a sus ciudadanos a trabajar en condiciones de explotación a países de África, Asia, América Latina y el Caribe, entre otros.
En muchos de estos destinos, los trabajadores cubanos son utilizados en programas que bordean la esclavitud moderna. Estos programas son presentados como misiones de solidaridad, pero en realidad son mecanismos de explotación laboral que generan ingresos significativos para el gobierno cubano, destacó el Informe.
Déficit en el enjuiciamiento de delitos
El gobierno cubano ha mostrado una disminución significativa en los esfuerzos de procesamiento y condena de delitos de trata. Según los datos oficiales más recientes, en 2022 se identificaron solo seis víctimas de trata sexual, el número más bajo en una década. Además, no se informó de ninguna investigación, procesamiento o condena por trata laboral.
El artículo 363.1 del código penal cubano penaliza la trata laboral y algunas formas de trata sexual, con penas de siete a 15 años de prisión. Sin embargo, la ley no incluye disposiciones claras para los casos de trata sexual infantil, lo que dificulta la protección efectiva de estos menores.
A pesar de la gravedad de estas acusaciones, las autoridades cubanas no han hecho esfuerzos suficientes para investigar o procesar a los responsables de estos delitos.
En muchos casos, los mismos funcionarios del gobierno están implicados en las redes de trata, lo que crea un ambiente de impunidad y complica aún más la lucha contra estas prácticas. Según el Informe del Departamenteo de Estado, la complicidad de las autoridades no solo facilita la explotación laboral y sexual, sino que también disuade a las víctimas de denunciar los abusos por temor a represalias.
Contexto internacional
El gobierno cubano también enfrenta acusaciones de complicidad en el reclutamiento fraudulento de cubanos para luchar en la invasión rusa a gran escala de Ucrania.
En este sentido, se reporta que funcionarios cubanos habrían facilitado el viaje de reclutas mediante la aceleración de la emisión de pasaportes y la omisión de sellos de salida, lo cual es interpretado como un intento de negar su conocimiento sobre estos movimientos.
Según informes, algunos ciudadanos cubanos han sido engañados con promesas de empleo en Rusia, solo para encontrarse obligados a participar en el conflicto armado al llegar a su destino.
Las autoridades cubanas han sido acusadas de ser cómplices en este tipo de reclutamiento, facilitando documentos de viaje y asegurando que estos movimientos no sean detectados oficialmente.
Esta situación ha generado una preocupación significativa a nivel internacional y ha resaltado aún más las deficiencias del gobierno cubano en la protección de sus ciudadanos.
En este entorno, las organizaciones internacionales y los gobiernos extranjeros han intensificado su vigilancia y presión sobre el gobierno cubano, instando a una reforma urgente y efectiva en sus políticas de trata de personas.
La comunidad internacional sigue demandando acciones concretas y transparentes que pongan fin a estas prácticas y protejan los derechos humanos de los ciudadanos cubanos.
Impacto en las víctimas
Las víctimas de trata en Cuba enfrentan un doble desafío: por un lado, la explotación y los abusos directos derivados de las condiciones laborales coercitivas; por otro, la falta de protección y apoyo del gobierno.
Las pocas víctimas que logran ser identificadas no reciben la atención adecuada y, en muchos casos, son re-victimizadas por un sistema que las ignora o las penaliza por intentar escapar de la explotación.
En 2022, solo se identificaron seis víctimas de trata sexual en Cuba, una cifra alarmantemente baja considerando la magnitud del problema. La falta de procedimientos formales para la identificación y protección de víctimas, junto con la dependencia en la autoidentificación, refleja una falta de compromiso real del gobierno cubano para abordar esta crisis humanitaria.
Las ONG y organizaciones de derechos humanos continúan denunciando la falta de voluntad política y recursos dedicados a la lucha contra la trata de personas en la isla.
En sus conclusiones, el informe recomendó al gobierno cubano implementar reformas estructurales para proteger a sus ciudadanos y cumplir con los estándares internacionales en la lucha contra la trata de personas.
Asimismo, llamó a la comunidad internacional para seguir presionando y ofreciendo apoyo para asegurar que estos cambios se realicen y que las víctimas reciban la justicia y protección que merecen.
¿Qué opinas?
COMENTARArchivado en: