El régimen cubano aprobó nuevas sanciones para los jóvenes que incumplan el Servicio Militar, con cuantiosas multas que pueden afectar también a los adultos de la familia.
La Gaceta Oficial de la República de Cuba publicó este miércoles el Decreto 103/2024, que establece las nuevas sanciones y contravenciones relacionadas con el servicio militar obligatorio.
Esta normativa, emitida por el Consejo de Ministros, reemplaza al Decreto 164/1991 y tiene como objetivo actualizar las sanciones administrativas impuestas a quienes incumplan sus deberes militares, reforzando el control sobre el alistamiento y la participación en actividades de defensa en Cuba.
Las infracciones incluidas en este decreto no son de carácter penal, sino administrativas. Las contravenciones, que no conllevan penas de prisión ni se juzgan en tribunales, pueden convertirse en delitos solo si el infractor decide no acatar la sanción impuesta.
Las multas para los ciudadanos que no se inscriban en el registro militar al cumplir los 16 años, no se presenten ante el Comité Militar cuando son citados o no participen en las actividades de preparación para el servicio militar, oscilan entre los 2,500 y los 7,000 pesos cubanos.
Específicamente los que no se presenten cuando sean citados por el Comité Militar deberán pagar de 5,000 pesos a 7,000 pesos y asumir la obligación inmediata de acudir al centro correspondiente.
Además, quienes ya forman parte de la reserva y no cumplan con sus obligaciones, como asistir a actividades de defensa en tiempos de paz o en situaciones excepcionales, también serán sancionados.
El Decreto 103/2024 también señala que los padres o tutores de menores de edad serán responsables por las infracciones cometidas por estos, lo que amplía la cobertura de las sanciones.
Esto busca asegurar que los jóvenes cumplan con sus obligaciones desde el registro inicial hasta su participación en el servicio militar.
Las sanciones impuestas no se limitan solo a multas. También existe una "obligación de hacer", que significa que el infractor puede ser obligado a cumplir con las disposiciones que ignoró, como presentarse al Comité Militar o participar en actividades de defensa.
Si el sancionado no cumple con esta obligación, la autoridad militar competente puede iniciar un proceso penal.
Las multas pueden ser reducidas en un 25% si son pagadas en un plazo de tres días hábiles tras la notificación de la sanción. Aquellos que deseen apelar las sanciones podrán hacerlo ante el jefe del Comité Militar Provincial o, en última instancia, ante el jefe de la Región Militar.
El Decreto 103/2024 no solo establece un régimen de sanciones administrativas, sino que también interactúa con el Código Penal cubano.
En su artículo 214, este código tipifica el delito de "Violación de los deberes inherentes al servicio militar", lo que puede conllevar penas de hasta un año de prisión. Esto crea un sistema de doble sanción, donde el incumplimiento de las obligaciones militares puede derivar en una contravención o en un delito penal, según la gravedad de la falta y el comportamiento del infractor.
El decreto se publica en un contexto de creciente rechazo popular al Servicio Militar Obligatorio (SMO) en Cuba.
En los últimos años, las redes sociales han visto una proliferación de campañas contra el alistamiento forzoso de jóvenes, especialmente tras el trágico incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas, donde varios reclutas perdieron la vida mientras realizaban labores de extinción.
Organizaciones como Cubalex y figuras públicas como artistas y activistas han denunciado los peligros y abusos a los que son sometidos los jóvenes cubanos durante su servicio.
El Decreto 103/2024 busca endurecer las sanciones por el incumplimiento del servicio militar en Cuba, en un esfuerzo por mantener el control sobre las obligaciones de los ciudadanos.
Sin embargo, en medio del creciente descontento popular, estas medidas podrían alimentar aún más el rechazo hacia una práctica que muchos consideran obsoleta y peligrosa.
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