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El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el inicio de un programa nacional contra el fraude relacionado con la atención médica por el COVID-19.
De acuerdo con una nota de esa instancia gubernamental, hasta ahora el Departamento ha presentado cargos penales contra 21 acusados en nueve distritos federales.
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Estos son propietarios y ejecutivos de empresas médicas, así como médicos, comerciantes y fabricantes de tarjetas de registro de vacunación contra el COVID-19 falsas.
“La Unidad de Fraude en la Atención Médica del Departamento de Justicia y nuestros socios están dedicados a erradicar los esquemas que se han aprovechado de la pandemia”, afirmó el Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite, Jr., de la División Criminal del Departamento de Justicia.
La instancia gubernamental asegura que los mismos han ocasionado pérdidas que superan los $149 millones de dólares en facturas falsas a programas federales y robo de programas de asistencia pandémica financiados con fondos federales.
Hasta el momento, el departamento ha incautado más de $8 millones de dólares en efectivo y otras ganancias del supuesto fraude.
“Usaremos todas las herramientas disponibles para responsabilizar a los profesionales médicos, ejecutivos corporativos y otros que han puesto la codicia por encima de la atención durante una emergencia de salud pública sin precedentes”, enfatizó Polite.
Varios esquemas de fraude de atención médica de COVID-19 serán enjuiciados, y los casos ya anunciados involucran a acusados que supuestamente ofrecieron pruebas de COVID-19 para inducir a los pacientes a proporcionar su información de identificación personal y una muestra de saliva o sangre.
En estos casos, los demandados utilizaron la información y las muestras para presentar reclamaciones falsas y fraudulentas a Medicare por pruebas o servicios no relacionados, médicamente innecesarios y mucho más costosos.
En uno de esos esquemas en el Distrito Central de California, dos propietarios de un laboratorio clínico fueron acusados de un fraude de atención médica, sobornos y lavado de dinero con una facturación fraudulenta de más de $214 millones por pruebas de laboratorio.
“A lo largo de la pandemia, hemos visto a profesionales médicos de confianza orquestar y cometer crímenes atroces contra sus pacientes, todo para obtener ganancias financieras”, dijo Luis Quesada, subdirector de la División de Investigación Criminal del FBI.
En otro tipo de esquema de fraude de atención médica los demandados supuestamente explotaron los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) establecidos para permitir un mayor acceso a la atención durante la pandemia de COVID-19.
En el Distrito Sur de Florida, por ejemplo, se acusó a un profesional médico de fraude de atención médica, fraude electrónico y plan de sobornos que presuntamente involucraba la facturación de encuentros falsos de telemedicina que no ocurrieron. También se le acusa de aceptar ordenar pruebas genéticas innecesarias a cambio de acceso a los pacientes de telesalud.
A fines del año pasado, un acusado fue sentenciado previamente a 82 meses de prisión en relación con este plan.
Varios de estos delitos se han descubierto en Miami. El pasado año más de 50 empleados, directivos y propietarios de clínicas y centros médicos del sur de Florida fueron acusados por defraudar en unos $308 millones de dólares a los programas de atención de salud.
De acuerdo con un reporte de la fiscalía federal del condado, los cargos federales presentados contra los acusados abarcaban una amplia gama de esquemas delictivos que iban desde el robo de equipos de protección personal relacionados con la batalla contra el COVID-19 y el fraude en centro especiales para el tratamiento por abuso de drogas, hasta infracciones más frecuentes contra los programas de Medicare y Medicaid, el desfalco de proveedores de equipos médicos, violaciones en el servicio farmacéutico, pago de sobornos y lavado de dinero.
En noviembre pasado también fueron juzgadas en Miami 24 personas acusadas de un fraude por valor de millones de dólares en dinero proveniente de las ayudas económicas por el coronavirus.
La Fiscalía Federal del Sur de Florida presentó 18 casos contra los acusados, que debieron responder por el presunto robo de dinero de la Ley CARES, la legislación que el Congreso aprobó en 2020 para ayudar a las personas y empresas a sobrevivir económicamente a la pandemia de COVID-19, informó el Departamento de Justicia estatal.
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