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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó de retrógrado el Código Penal aprobado en la última sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular y que entrará en vigor dentro de tres meses cuando se publique en la Gaceta Oficial de Cuba.
En un comunicado de la organización difundido este miércoles, la SIP consideró que la legislación penal cubana retrotrae al país a "épocas oscurantistas, cuando los funcionarios se distanciaban del pueblo a través de abusos y privilegios".
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También lamentó que se criminalicen aún más las libertades de prensa y expresión, así como el derecho a la libre asociación y reunión.
"El Código tiene elementos parecidos a pertrechos militares, que el régimen podrá usar para atacar y minar la información y las opiniones independientes de los disidentes. Los ciudadanos ni siquiera podrán usar con libertad las redes sociales ni convocar a sus amigos a protestar", sostuvo la SIP, dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas.
Asimismo, señaló que este Código Penal, aprobado el 15 de mayo último, mantiene la pena de muerte por fusilamiento en 24 delitos y formaliza sanciones de cadena perpetua, además de que en el mismo se estipula hasta tres años de cárcel a quien insulte a altos funcionarios públicos.
La organización sin fines de lucro alertó que con esta ley se podrá imponer hasta 10 años de prisión a quien "apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros" de organizaciones no gubernamentales o instituciones internacionales usados para "sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional".
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, lamentó en el comunicado que las "autoridades cubanas viajen al pasado, a contrapelo del mundo desarrollado, hacia épocas oscurantistas, cuando los funcionarios se distanciaban del pueblo a través de abusos y privilegios".
Recientemente, la SIP condenó la detención por varias horas de los periodistas independientes Henry Constantín y Neife Rigau, en Camagüey.
Canahuati denunció entonces que ambos periodistas son reprimidos por cometer el “grave delito” de ejercer su derecho a la libertad de expresión y agregó que, de esta forma, intentan doblegar su compromiso.
La autocensura de los periodistas se busca a través de detenciones arbitrarias, vigilancia y prohibición de que puedan salir de sus casas y del país, y se les interroga, multa y amenaza de forma directa o a sus familiares, afirmó.
También la organización en su más reciente informe semestral sobre las violaciones a la libertad de expresión en la isla denunció la escalada de represión contra periodistas independientes y críticos del régimen de Cuba.
“La epidemia que más afecta al país es la represión, que repuntó en el último semestre con severas condenas para los ciudadanos que participaron de las protestas del 11 de julio de 2021”, apuntó el informe.
El documento denuncia, además, el panorama cada vez más agresivo que enfrentan menos de 50 personas que aún ejercen el periodismo independiente desde la isla.
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