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Amnistía Internacional pronosticó un "panorama aterrador" a partir de 2023, por el incremento de la represión contra activistas, opositores y periodistas independientes, tras la entrada en vigor esta semana del nuevo Código Penal cubano.
Erika Guevara Rosas, directora de esa organización para la región de las Américas, recordó que desde hace años las autoridades cubanas usan la legislación penal para silenciar las voces disidentes.
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"El nuevo Código Penal contiene un conjunto de disposiciones aterradoras que confieren a las autoridades facultades aún mayores para seguir sofocando la libertad de expresión y de reunión en 2023 y años posteriores”, advirtió.
Guevara recordó que en Cuba continúan detenidas cientos de personas por protestar pacíficamente en contra del gobierno, algunas de ellas declaradas prisioneros de consciencia, mientras otros miles son obligados a migrar.
“Seguiremos observando atentamente a las autoridades en 2023 y pidiendo a la comunidad internacional que condene con la máxima contundencia el uso indebido de la legislación penal para silenciar la disidencia”, concluyó.
La organización defensora de los derechos humanos destacó los aspectos más preocupantes de la nueva ley y cómo otorgará más poder a las autoridades sobre los ciudadanos.
De las disposiciones para silenciar y encarcelar a activistas, se resaltó que a pesar de los cambios en la redacción del documento, las penas mínimas aumentan y delitos como el desacato, los desórdenes públicos y la resistencia podrán ser sancionados con penas de seis meses a un año de privación de libertad y/o multa.
"En un contexto en el que el poder judicial sigue sin ser independiente ni imparcial, y permite que se entablen procedimientos penales contra quienes critican al gobierno como mecanismo para prevenir la expresión de esas opiniones, disuadir de ella o castigarla, esto podría resultar en el encarcelamiento de activistas de derechos humanos o actores críticos durante periodos aún más largos", lamentó.
Amnistía Internacional recordó que utilizar las leyes para impedir a los ciudadanos que critiquen a quienes que ocupan cargos públicos también constituye una violación a la libertad de expresión y defendió la idea de que esos asuntos deben solucionarse por la vía civil.
También criticó la poca claridad del texto sobre los castigos a las personas que “pongan en peligro el orden constitucional y el normal funcionamiento del Estado y el Gobierno cubanos”.
"Según el derecho internacional, la libertad de expresión sólo puede restringirse en circunstancias muy limitadas", recordó la organización, que además mencionó la necesidad de un órgano de apelación independiente al que recurrir en estos casos.
Asimismo, mostró preocupación por la criminalización de aquellas personas o grupos de la sociedad civil que reciban fondos de organismos internacionales, cuando se considere que su propósito es “sufragar actividades contra el Estado cubano y su orden constitucional”.
"Estas limitaciones son contrarias al derecho de asociación, ya que constituyen un impedimento para que los defensores y defensoras de los derechos humanos realicen su labor, pues la financiación es una herramienta esencial para la existencia y el funcionamiento efectivo de cualquier asociación", defendió.
Otro punto que activo las alarmas en Amnistía Internacional es la falta la libertad de expresión en internet, porque el nuevo Código incluyó, por primera vez, el derecho de las autoridades a limitar ese derecho.
Los delitos relacionados con telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación son ambiguos, por tanto, la organización advierte que podrían ser usados para cometer abusos contra los cubanos.
"Las leyes redactadas de forma ambigua y excesivamente general, por ejemplo, las que prohíben la difusión de información falsa o castigan a quien ofende el honor de una persona, son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión", recordó.
Por último, ese organismo internacional mostró especial preocupación por la condena de pena de muerte, que continúa vigente en Cuba y podrá ser utilizado para castigar 23 delitos, situación que
"Es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. Amnistía Internacional se opone ella en todos los casos sin excepción, independientemente de quién sea la persona acusada, de la naturaleza o las circunstancias del delito, de su culpabilidad o inocencia y del método de ejecución", finalizó.
Antes de que entrara en vigor el Código Penal, otros organismos internacionales y juristas mostraron preocupación por el alcance de la ley y sobre todo por cómo será utilizada para aterrar a los ciudadanos cubanos.
El jurista Arnaldo M. Fernández, miembro del grupo Cuba Demanda en Miami, explicó que es la propia Constitución de 2019 permite que existan leyes de este tipo y culpó a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular de aprobarlas.
"Los derechos fundamentales están redactados en la Constitución de forma tal que el Código Penal y demás leyes ordinarias campeen por sus respetos", aseveró.
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